Siete semanas después de que los militares hondureños derrocaran al presidente democráticamente electo de Honduras, la separación entre Estados Unidos y Latinoamérica continúa creciendo, aunque uno no tenga esa impresión al leer las informaciones de los principales medios.
La estrategia del régimen golpista evidentemente es la de dejar que pase el tiempo que le queda al Presidente Zelaya en el cargo. Unas elecciones presidenciales, en la cual no puede participar Zelaya debido al límite en Honduras a un solo período presidencial, están programadas para el 29 de noviembre.
En respuesta a esa estrategia, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) emitió una declaración el 10 de agosto en el sentido de que no reconocería a ningún gobierno elegido bajo el régimen golpista. Vale la pena señalar que esta fue una decisión unánime, hasta aliados cercanos a Estados Unidos como Colombia y Perú apoyaron la declaración.
Luego el 17 de agosto, el Presidente Lula da Silva de Brasil, quien se ha vuelto cada vez más impaciente con las tácticas dilatorias, emitió una declaración conjunta con el Presidente Felipe Calderón de México, en la que decía la misma cosa. Calderón es un presidente derechista y fue uno de los pocos aliados del Presidente George W. Bush en la región.
El próximo paso sería que la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que están representados todos los países del hemisferio excepto Cuba, adopte esta posición. Pero la OEA opera fundamentalmente por consenso, y Estados Unidos aparentemente está bloqueando la medida. Por supuesto, Washington no puede permitirse que lo vean como el único opositor, así que ha reclutado a algunos gobiernos derechistas (Canadá y Panamá), según fuentes implicadas en las discusiones de la OEA junto con un par de otros gobiernos de pequeños países que pueden ser sobornados o amenazados para que se unan a la coalición en decadencia de los dispuestos.
Los millones de norteamericanos que dieron su voto, donaciones o energía a la campaña presidencial de Barack Obama, con la esperanza de que él cambiaría la política exterior de EE.UU., no esperaban ver que esta administración saliera en busca de aliados derechistas para impedir que Latinoamérica tratara de revertir un golpe militar. Pero esa parece ser la realidad. Es más, el Departamento de Estado ni siquiera ha determinado aún que ha tenido lugar un golpe militar. No queda claro qué otra cosa pudiera llamarse a que los militares asalten el hogar del presidente electo y a punta de fusil lo fuercen a subir a un avión y sacarlo del país.
Hace unos pocos días, un funcionario del gobierno de Zelaya dijo a la prensa que ese avión, antes de abandonar el país, había hecho escala en la Base Aérea Palmerola en Honduras, donde se encuentran 600 soldados norteamericanos. Según la Associated Press, el funcionario dijo esto como prueba de que Estados Unidos estaba implicado en el golpe. Funcionarios de EE.UU. se negaron de inicio a comentar, pero luego hicieron una declaración de que EE.UU. “no tenía conocimiento ni había participado en las decisiones para que el avión aterrizara, repostara combustible y despegara”.
Esta no parece una historia creíble. Para creer este desmentido, tendríamos que creer que los militares de EE.UU. tienen tanta confianza en la seguridad hondureña que le permite monitorear y controlar el espacio aéreo sobre esta base donde están estacionados 600 tropas norteamericanas, así como aterrizajes y despegues, sin participación del personal de EE.UU. Se hace difícil creerlo, especialmente dadas las preocupaciones posteriores al 11 de septiembre acerca de ataques terroristas contra personal militar norteamericano estacionados en el extranjero.
De lo que sí podemos estar muy seguros es que ningún importante medio norteamericano investigará este asunto. La actitud general de la prensa hacia la participación norteamericana en golpes militares es: “No queremos saber nada, ni que nos digan nada”.
Esto fue así en el caso del golpe que derrocó al presidente venezolano Hugo Chávez en el 2002, cuando el Departamento de Estado reconoció que el gobierno de EE.UU. pagó a personas y organizaciones implicadas en el golpe, y documentos de la CIA que demostraban un conocimiento anticipado del golpe, combinado con las mentiras de la Casa Blanca acerca del golpe, brindaron evidencia sustancial de la participación de EE.UU. Pero ningún importante periódico norteamericano, incluyendo The Washington Post, nunca creyó en esa posibilidad.
La participación de EE.UU. en el derrocamiento del presidente de Haití Jean Bertrand Aristide, elegido democráticamente, tanto en 1991 como por segunda vez en 2004, ha sido ignorada casi por completo, a pesar de fuerte evidencia.
Mientras tanto, el miércoles 19 de agosto, Amnistía Internacional emitió un informe, “Honduras: Crisis de Derechos Humanos Amenaza y la Represión Aumenta”, en el que se demostraba golpizas generalizadas y brutalidad por parte de la policía contra manifestaciones pacíficas, arrestos masivos arbitrarios y otros abusos de derechos humanos bajo la dictadura.
La administración de Obama ha permanecido en silencio acerca de estos abusos, así como acerca de la muerte de activistas, censura de prensa e intimidación.
Hasta la fecha ningún importante medio de prensa se ha preocupado por obtener declaraciones oficiales acerca de los hechos.
Mark Weisbrot
